El Gobierno se aferra a la falta de proporcionalidad para revertir los cierres
Recurso presentado: el Gobierno se aferra a la falta de proporcionalidad para revertir los cierres
El Gobierno justifica que no se han tenido en cuenta el impacto socioeconómico y expone las lagunas científicas del acto de ejecución.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia la via judicial, pero insiste en que seguirá colaborando con la CE para lograr una solución “lo antes posible”
El Gobierno de España ha consumado, como estaba previsto antes de que expirara el plazo legal el próximo sábado 19, la presentación del recurso judicial contra el veto a la pesca de fondo en 87 áreas de la UE, en vigor desde el 9 de octubre.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha subrayado la “complejidad técnica” del recurso, que ha requerido un “intenso y coordinado trabajo” entre el MAPA, el Instituto Español de Oceanografía y la Abogacía del Estado y que “pone de relieve las deficiencias de fondo y de forma en las que habría incurrido la Comisión Europea en la elaboración de este acto de ejecución”. España inicia oficialmente la vía judicial para lograr revertir el veto. Con todo, y siguiendo su “compromiso para con la sostenibilidad y protección de los ecosistemas marinos”, el Gobierno subraya que seguirá “trabajando y colaborando con la Comisión Europea para poder conseguir una solución lo antes posible para que el sector pesquero español y comunitario no se vea afectado por esta injusta situación”.
El recurso expone las “razones fundamentadas” que deben propiciar la anulación de este reglamento de ejecución, entre que vulnera las disposiciones del Reglamento base de aguas profundas de 2016 (2016/2336), así como el propio principio de proporcionalidad del Derecho de la Unión, con el fin de que los actos de las instituciones comunitarias se adecúen a los objetivos perseguidos por la norma. En este sentido, el recurso argumenta que la veda a la pesca de fondo en los ecosistemas marinos vulnerables entre los 400 y los 800 metros en las áreas afectadas es “desproporcionada e injusta” al no contar con la información científica más actual disponible, no contar con un informe de impacto y vulnerar, de esta forma, los principios de la Política Pesquera Común (PPC) al no respetar el principio de la triple sostenibilidad ambiental, económica y social.
Por todo ello, el Gobierno considera que los cierres “no son coherentes” con los objetivos que ha de perseguir “la necesaria protección de los recursos pesqueros y la actividad pesquera sostenible”, objetivos que también amparan resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o FAO, esgrime el MAPA.
La falta de proporcionalidad que argumenta el Gobierno se refleja especialmente en el impacto que los cierres están teniendo en las artes fijas. El Gobierno considera que la falta de proporcionalidad se hace especialmente evidente en el caso de las artes fijas de fondo, cuyo impacto no ha sido establecido ni por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) ni por la Comisión Europea, y cuya actividad no ha sido tenida en cuenta a la hora de diseñar los escenarios de actuación posibles. Así, el MAPA pone de relieve la “paradoja” de que, a pesar de que el reglamento fue concebido para atender “a unas circunstancias específicas que concurren” en el arrastre de fondo, han sido el palangre y otras artes fijas de fondo las que “han resultado seriamente afectadas”.
El recurso también apela a las lagunas del reglamento en cuanto a su respaldo científico. Así, si bien la UE defiende la aplicación del mejor conocimiento científico disponible, el Gobierno incide en que el ICES reconoce en su informe que no ha tenido en cuenta la actividad pesquera con artes fijas en el diseño de los escenarios. Del mismo modo, la demanda presentada por España también cuestiona la proporcionalidad del sistema de determinación de las zonas de ecosistemas marinos vulnerables, puesto que los polígonos identificados no son uniformes en función de la latitud, generando áreas de veda mucho mas extensas en las aguas españolas que en otras latitudes más al norte. El Gobierno cuestiona, además, que no se haya utilizado la mejor información disponible como la proveniente de proyectos tales como Indemares e Intemares, de conocimiento del medio marino para la gestión de espacios de la Red Natura 2000, que son cofinanciados por la Unión Europea y cuyos datos habrían permitido una mejor toma de decisiones.
