Las 87 vedas agravan las pérdidas y el goteo de amarres
Las 87 vedas agravan las pérdidas y el goteo de amarres en la pesca europea
Sin contar el impacto del veto, el sector cerrará el año con números rojos
Si el eurocomisario Virginijus Sinkevicius, titular de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, sigue enrocado, ignorando el clamor que le advierte de irregularidades en el fondo y en la forma, el próximo domingo cientos de barcos que faenan con aparejos en contacto con el suelo marino serán expulsados de 16.419 kilómetros cuadrados de caladeros situados entre Cádiz e Irlanda. Además de la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE que preparan la flota y España, una opción para evitarlo sería la intervención, formal o no, del Consejo Europeo y de la Eurocámara, los que le encomendaron a Sinkevicius proteger ecosistemas vulnerables, donde se sabe o se supone que hay corales de aguas frías, esponjas o plumas. Aun sabiendo que ambas son casi quimeras, desde A Mariña apelan al Consejo para frenar el desbarajuste de las 87 vedas.
Para empezar, las tensiones en el mar que pronostica por el desplazamiento de barcos a caladeros ya ocupados por otros y donde no caben más. También por el tajazo a la soberanía alimentaria de una UE que ya debe importar siete de cada diez pescados que consume. Y, además, porque el veto abrirá otro agujero, uno más, en las cuentas de todas las empresas de la cadena de valor de la pesca, con la consiguiente repercusión en las decenas de miles de empleos que generan.
Un tercio menos en Galicia
Sin contar las consecuencias del veto, la flota comunitaria acabará este 2022 con unos 63 millones de euros de pérdidas brutas, estima el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP). Por el efecto combinado de la pandemia del covid-19, el brexit y la guerra en Ucrania que disparó la inflación, por primera vez en los últimos catorce años cerrará el año con números rojos, en términos brutos y netos.
También sin evaluar el impacto de las vedas, solo el de la subida del combustible, la Comisión Europea eleva el roto de los 74.300 pesqueros comunitarios a «300 millones de euros de beneficios operativos», la quinta parte de los 1.500 del 2020, cuando los netos rozaron los 800 millones.
Por esas y por otras causas, en poco más de tres lustros ha desaparecido casi la cuarta parte de la flota de los Veintisiete, unos 22.000 barcos. Pero España y en Galicia perdieron tercio de sus buques, resistiendo hasta ahora 8.730 y 4.240, respectivamente.
Los «altísimos precios» de los combustibles han llevado al amarre a «muchos de los más de 16.000 barcos» de nueve países integrados en la Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pescado (EAPO), cuyo secretario es Jesús Lourido, gerente de Produtores Pesqueiros de Celeiro. Esos buques parados, en venta o a la espera de ayudas al desguace, son «tragedias que podrían haberse evitado con una mejor gestión, ayuda oportuna, mejor ciencia y voluntades políticas más fuertes», declaró Esben Sverdrup-Jensen, presidente de EAPO, tras su última asamblea general.
El gasoil pesquero se encareció un 175 % de media en la Unión Europea, apunta el CCTEP en un informe que cita Europêche, la Asociación de Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea, que representa a unos 40.000 barcos de diez países y cuyo presidente es el español Javier Garat.
No pueden repercutir costes
Como la flota «no puede trasladar el incremento de costes a los precios» que le pagan por sus capturas, la pasada semana «más de 60 pesqueros de los Países Bajos, cerca del 10 % de su flota, dejaron de operar» por el costo del carburante, lamenta Europêche.
Otro de los «desafíos» de la flota es el «aumento de la competencia por el espacio» en el mar, señala Sverdrup-Jensen. Antes de que la Comisión consumase el veto, EAPO ya había advertido a Charlina Vitcheva, directora general de Asuntos Marítimos en la Comisión, de «la falta de consulta» al sector y «los importantes impactos en barcos ya gravemente afectados» por la crisis.
El tsunami verde de la política comunitaria solo conduce a la «desaparición de la flota»
«Los responsables políticos de la UE han dado prioridad absoluta a la lucha contra el cambio climático y a la conservación de la biodiversidad que han desencadenado numerosas acciones legislativas», señala Europêche en su pronunciamiento sobre la Política Común de Pesca. La más reciente, el veto a toda la flota de fondo en el 17 % de la plataforma continental del Atlántico nororiental, teóricamente en profundidades de entre 400 y 800 metros, aunque en realidad la flota ha constatado que hay varias con bastante menos calado.
El eurocomisario Virginijus Sinkevicius lo justifica y lo defiende porque «es nuestro deber con nuestra sociedad, con las generaciones futuras y, en particular con aquellos cuyo sustento depende de los recursos marinos». Aunque desde su departamento sostienen que las 87 vedas protegen ecosistemas marinos sensibles «mientras generan la menor interrupción posible a las actividades pesqueras», solo lo aplauden, y fervorosamente, las oenegés ambientalistas con las que comparte la demonización del arrastre de fondo.
Cuidar a los pescadores
Cuestionado incluso por científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) debido a la interpretación «sesgada» del informe en el que se escuda, la flota española le reprocha la falta del preceptivo análisis de impacto socioeconómico. Esta es una de las críticas compartidas por los Gobiernos autonómicos y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como por sindicatos, partidos políticos y, cada vez más, por la sociedad española, especialmente en las zonas costeras directamente afectadas.
Europêche cita «los cierres masivos de áreas a las actividades de pesca de fondo» como uno de los ejemplos de «la nueva ola legislativa» que impregna casi toda la política comunitaria y, en el caso de la pesca, la antepone. No reconoce «los esfuerzos realizados por la flota de la UE a lo largo de los años para reducir su huella medioambiental, el esfuerzo pesquero y la recuperación de las poblaciones de peces», lamenta. «Muy por el contrario», la política verde tiende a convertirse en un tsunami que, en lugar de contribuir «a una transición justa», conduce a la «desaparición de la flota», alertan desde esa asociación.
Tanto los pescadores como las autoridades que rechazan el «desproporcionado» cierre de caladeros comparten la necesidad de preservar los ecosistemas marinos sensibles, pero el mismo principicio de precaución medioambiental debe aplicarse «respecto de la actividad pesquera». Así se lo dijo el ministro Luis Planas a Sinkevicius en el Consejo de Ministros de Pesca.
La Voz de Galicia – S. Serantes